Con la premisa de consensuar un dictamen de mayoría, el bloque de La Libertad Avanza convocó para este martes a un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Javier Milei. La iniciativa legislativa incorporará modificaciones sustanciales acordadas con bloques aliados y responderá a observaciones formuladas directamente por el gobierno de Estados Unidos, que advirtió sobre el alcance perjudicial de las sanciones comerciales sobre sus empresas.

Las reformas se aceleraron tras los encuentros mantenidos en Casa Rosada entre el mandatario argentino y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, con la participación del embajador Peter Lamelas. El eje de la preocupación de Washington radicaba en el primer capítulo del texto, enfocado en castigar a las firmas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion —operado en aguas de Malvinas por la británica Rockhopper y la israelí Navitas—, pero que en su redacción inicial alcanzaba de manera colateral a socios corporativos estadounidenses en otros negocios globales. Ante ello, la diputada Silvana Giudici y los operadores parlamentarios libertarios trabajan en una delimitación estricta de las penalidades para circunscribirlas únicamente a operadoras directas o licenciatarias directas.

Control legislativo al Consejo de Seguridad y modificaciones penales

Frente a las críticas de bloques dialoguistas por las facultades discrecionales asignadas al Poder Ejecutivo, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, confirmó que se aceptará la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento propuesta por el diputado Eduardo Falcone (MID). Este cuerpo parlamentario deberá ser notificado dentro de un plazo perentorio de 48 horas sobre cualquier determinación que adopte el Consejo de Seguridad en relación con el ingreso, veto o regulación de inversiones con capitales extranjeros.

Asimismo, el oficialismo rediseñará el controvertido artículo 111, que fija penas de prisión de cinco a doce años por injerencia extranjera y desinformación electoral. Tras los reparos formulados por la UCR y Unión por la Patria, la normativa contemplará una exclusión explícita para la labor periodística, el ejercicio de la actividad diplomática y la investigación académica, disipando temores sobre eventuales restricciones a las libertades públicas.

Resistencias en los bloques y repercusiones políticas

A pesar de la vocación componedora del oficialismo, la bancada de Argentina Federal, liderada por Oscar Herrera Ahuad, adelantó reparos técnicos de peso. El diputado misionero Alberto Arrúa anticipó su voto en contra, argumentando que la normativa subsume reformas profundas de seguridad interior, inteligencia y defensa nacional bajo el paraguas de la causa Malvinas, forzando debates que deberían tramitarse por carriles autónomos.

Desde la oposición, el diputado Jorge Taiana cuestionó el alineamiento internacional de la Casa Rosada al asegurar que el discurso oficialista se desmorona ante los intereses comerciales de Washington y la neutralidad histórica norteamericana respecto del reclamo soberano. En paralelo, y en medio de las tratativas parlamentarias, la vicepresidenta Victoria Villarruel rompió su hermetismo con un mensaje en redes donde reivindicó el silencio de quienes definió como auténticos patriotas malvineros apelando a la máxima latina “res non verba” (hechos, no palabras).