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El gobernador Alfredo Cornejo desestimó el pedido de Stratton Argentina para frenar la aplicación del convenio de telecomunicaciones. El Ejecutivo argumentó que no puede interferir en fallos de la Suprema Corte local.
A través de un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo oficializó el rechazo al reclamo administrativo presentado por la firma Stratton Argentina S.A. (Konecta). La compañía prestadora de servicios de contacto había acudido al Ejecutivo provincial alegando un escenario de gravedad institucional y advirtiendo que la resolución del conflicto ponía en riesgo la continuidad operativa de 750 puestos de trabajo formales radicados en Mendoza.
La presentación empresarial, originada a comienzos de 2025, cuestionaba el encuadramiento convencional impuesto a su actividad por los tribunales del trabajo. Desde la perspectiva de la patronal, las determinaciones judiciales desconocían las particularidades del rubro e invalidaban las pautas de tercerización amparadas por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, generando un pasivo económico de magnitud exclusivo de la plaza mendocina.
El núcleo de la controversia había quedado zanjado en el plano judicial tras un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que determinó que a los establecimientos de atención telefónica vinculados a firmas de telecomunicaciones les corresponde el Convenio Colectivo de Trabajo 781/2020, criterio que motivó el intento de la empresa por abrir una instancia de revisión administrativa.
Al analizar la viabilidad del petitorio, el Gobierno mendocino declaró la solicitud como manifiestamente improcedente debido a la incompetencia legal del Poder Ejecutivo para inmiscuirse en fallos judiciales firmes o procesos en curso.
El dictamen fundamentó su negativa en el artículo 170 de la Constitución provincial, norma que veda de manera taxativa la intromisión de funcionarios gubernamentales en causas jurisdiccionales, ratificando la estricta vigencia del principio de división de poderes frente a los reclamos del sector corporativo.
