· Domingo1 de febrero de 2026 · · 12°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 12°C
Con los imputados conectados por videollamada, el tribunal dio inicio al debate oral que investiga presunto lavado de dinero a través del rubro hotelero e inmobiliario. La acusación apunta al rol central de los exmandatarios.
Con la lectura formal del requerimiento de elevación a juicio, comenzó una nueva instancia procesal de alto impacto político en los tribunales federales. La causa unificada Hotesur-Los Sauces puso bajo la lupa judicial las operaciones comerciales de las firmas vinculadas a la familia de la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, en el marco de una acusación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
Para la exjefa de Estado representa el tercer debate oral que afronta por presuntos delitos contra la administración pública, mientras que se trata de la primera comparecencia formal del legislador como imputado ante un tribunal oral. Ambos siguieron las instancias de la apertura de forma remota mediante la plataforma Zoom tras la habilitación correspondiente de los magistrados.
El núcleo de la imputación sostiene que las estructuras de la compañía hotelera y la sociedad inmobiliaria habrían funcionado como un engranaje sistemático para el blanqueo de activos originados en los supuestos retornos de la obra pública vial. Según la hipótesis fiscal sustentada en el expediente, la mecánica implicaba contratos de locación y operaciones comerciales directas con empresarios beneficiados previamente por licitaciones estatales.
Entre los imputados que asistieron a la audiencia inaugural se destacó Lázaro Báez, exresponsable de Austral Construcciones, quien siguió el inicio de la jornada en enlace virtual desde el penal de Ezeiza, donde purga condenas previas por delitos financieros y fraude estatal ratificadas por la Corte Suprema.
Las dimensiones del expediente anticipan un proceso extenso y demandante. Ante el volumen del requerimiento fiscal, que supera las 300 páginas de acusación, el juez Michilini comunicó un ajuste en las fechas de las comparecencias semanales para ordenar las jornadas de trabajo.
La etapa de lectura de cargos demandará al menos diez jornadas hábiles antes de pasar a la ronda de declaraciones testimoniales e incorporación de pruebas documentales, entre las que figuran contratos mercantiles, peritajes contables sobre cheques cruzados y transferencias de inmuebles.
