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La Cámara baja aprobó por amplia mayoría de dos tercios el proyecto que reemplaza la emergencia que vence a fin de año. El oficialismo aceptó mantener las pensiones atadas a la inflación, el nomenclador único y la compatibilidad con el trabajo formal.
Tras una extensa jornada de negociaciones contrarreloj que se extendió hasta pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó con una aplastante mayoría de dos tercios el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad. Con un tablero que registró 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, el oficialismo de La Libertad Avanza selló un entendimiento con bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales, al que terminó sumándose Unión por la Patria tras lograr que los libertarios aceptaran modificaciones de fondo que desarticularon los recortes fiscales proyectados originalmente por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa, que pasa ahora al Senado con un blindaje legislativo que vuelve inviable cualquier intento de veto presidencial, surge como una salida institucional definitiva ante el inminente vencimiento de la Emergencia en Discapacidad fijado para fin de año. La postura de rechazo quedó reducida casi exclusivamente a los diputados por Córdoba de Provincias Unidas y del peronismo local, quienes alegaron falta de participación directa de las organizaciones civiles en la redacción, mientras que el Frente de Izquierda optó por la abstención señalando la falta de mecanismos automáticos para recomponer deudas históricas con los prestadores de salud.
El punto de inflexión en las conversaciones se originó luego de que el Ministerio de Economía enviara el proyecto de Presupuesto 2027 con un capítulo específico de ajuste que eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso directo a las pensiones no contributivas, restablecía el restrictivo criterio de "invalidez laboral", vedaba la posibilidad de conservar el beneficio ante la obtención de un empleo registrado y desregulaba el arancel del Nomenclador de Prestaciones Básicas para que cada obra social o prepaga fijara sus propios valores.
Ante la amenaza de la oposición de avanzar con la prórroga lisa y llana de la emergencia en el recinto, los negociadores libertarios —encabezados por Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz— cedieron ante las exigencias planteadas por referentes opositores como Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Juan Marino y Victoria Tolosa Paz. El texto final ratificó que las pensiones equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio con actualización indexada por inflación, blindó el CUD como llave de acceso y preservó el nomenclador universal con arancel único en todo el territorio nacional.
Entre los agregados de última hora, la norma consagró la plena compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desempeño en el empleo formal registrado o regímenes tributarios simplificados, siempre que los ingresos percibidos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Asimismo, se incorporó una cláusula de financiamiento obligatorio que garantiza el acceso irrestricto al programa de prestaciones básicas médicas (Programa Incluir Salud) tanto para titulares de invalidez como de discapacidad general, con compensaciones directas del Tesoro Nacional si las partidas asignadas al Ministerio de Salud resultaran insuficientes.
En el plano del control estatal, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará cruces de datos periódicos con Anses, ARCA, Renaper y el SINTyS bajo un protocolo de "debido proceso inclusivo", que contempla notificación fehaciente previa y rehabilitación provisoria del beneficio antes de disponer suspensiones definitivas. Finalmente, el articulado intimó al Poder Ejecutivo a publicar un cronograma de pago de la deuda acumulada con prestadores en un plazo no mayor a 30 días tras la sanción, ordenando cancelar la totalidad de las obligaciones pendientes dentro de los 90 días posteriores.
