· Domingo1 de febrero de 2026 · · 15°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 15°C
En San Juan investigan penalmente el cobro de hasta $150.000 por capacitaciones de maquinaria pesada que debían ser gratuitas, mientras que en Catamarca apuntan a exigencias ilegales para integrar el registro de proveedores.
El dinamismo y las elevadas remuneraciones que caracterizan a la industria minera argentina quedaron en el centro de la polémica a raíz de una serie de denuncias por presuntas estafas, cobros irregulares e intermediaciones indebidas. Los expedientes, radicados en las provincias de San Juan y Catamarca, exponen cómo la fuerte expectativa ciudadana por insertarse laboral o comercialmente en los proyectos cordilleranos es aprovechada por intermediarios y entidades que comercializan capacitaciones sin respaldo formal o prometen contratos que no pueden garantizar.
Los salarios del sector minero se ubican de manera sistemática entre los más altos del mercado de trabajo nacional, lo que estimula una demanda constante de postulantes dispuestos a invertir sumas considerables de dinero propio con el anhelo de obtener una contratación efectiva en yacimientos de alta montaña.
En los tribunales de San Juan se formalizó una denuncia penal contra el titular de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes, Patricio Páez, y su hijo. La causa quedó radicada bajo el legajo MPF-SJ-24148-2026 a instancias de miembros de la propia institución, quienes señalaron que se exigían cobros de aproximadamente $150.000 por curso, a pesar de que los programas debían impartirse en forma gratuita según los convenios vigentes.
Por su parte, Páez rechazó tajantemente las acusaciones ante las consultas periodísticas, argumentando que las capacitaciones aranceladas formaban parte de un emprendimiento privado ajeno a la agrupación y negando haber asegurado inserciones laborales a los cursantes. La investigación judicial apunta a esclarecer si existió una utilización indebida de la infraestructura institucional para beneficio particular.
La controversia judicial encendió las alertas sobre el valor real de las constancias expedidas, en especial en los módulos teóricos vinculados con la operación de maquinaria pesada y camiones fuera de ruta. Expertos del sector advirtieron que una inducción de corta duración no equivale a una certificación técnica habilitante para ingresar a operar a un yacimiento minero formal.
Para evitar engaños, especialistas remarcan que los aspirantes deben constatar previamente el plan formativo, la entidad certificadora acreditada ante el Ministerio de Trabajo y el reconocimiento expreso de las empresas operadoras, recordando que una simple constancia de asistencia carece de idoneidad para cumplir las exigencias de seguridad de la industria.
En paralelo, en Catamarca el debate se trasladó al plano de las contrataciones empresariales. El diputado provincial Francisco Monti cuestionó públicamente el accionar de determinadas cámaras del rubro y la eventual imposición de requisitos informales o “peajes” económicos para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los registros oficiales de proveedores de las operadoras mineras.
Frente a este escenario, referentes del ámbito corporativo y gubernamental señalaron la urgencia de profundizar los canales oficiales y transparentes de licitación y empleo, instando a las compañías mineras a publicar de manera clara los perfiles técnicos homologados y las vías de denuncia correspondientes para preservar la legitimidad de las organizaciones del sector.
