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El Gobierno nacional publicó la norma en el Boletín Oficial; revierte la ampliación de 2021 y deja a Malargüe como el único departamento con rebaja automática, mientras que en el resto de la provincia el descuento dependerá de la inscripción en los subsidios focalizados por ingresos.
A través de su publicación en el Boletín Oficial este martes 13 de octubre de 2026, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la promulgación de la Ley 27.828, que redefine de manera estructural el alcance del régimen de Zona Fría. La nueva legislación revierte la universalización aprobada en 2021 y restringe el beneficio automático exclusivamente a la región patagónica, la Puna y el departamento de Malargüe. En consecuencia, el resto de los usuarios residenciales de la provincia de Mendoza perderán la bonificación tarifaria directa en sus boletas de gas natural por redes y gas propano indiluido.
La medida tendrá un impacto inmediato en el bolsillo de más de 400.000 hogares mendocinos que hasta el momento contaban con el beneficio. De acuerdo con los registros de la distribuidora Ecogas aportados durante el tratamiento legislativo, la quita alcanzará a:
218.922 usuarios que percibían un descuento del 30% en sus cuadros tarifarios.
203.043 familias encuadradas en la reducción del 50%.
Para aquellos usuarios domiciliados fuera de Malargüe que necesiten mantener una compensación tarifaria, la Ley 27.828 establece que el beneficio ya no será territorial ni automático, sino que quedará sujeto a la inclusión en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados sobre los consumos base. Podrán solicitarlo los hogares que cumplan con alguno de los siguientes criterios socioeconómicos:
Topes de ingreso: ingresos familiares netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2.
Vulnerabilidad habitacional: posesión de un Certificado de Vivienda Familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Veteranos de Malvinas: titulares de una pensión vitalicia de guerra.
Hogares con Certificado Único de Discapacidad (CUD): en estos casos, la Secretaría de Energía de la Nación evaluará individualmente si la condición acreditada justifica la asignación del auxilio económico estatal para afrontar la factura.
En el plano financiero, la normativa aprobada por el Congreso el pasado 24 de septiembre sostiene el mecanismo de fondeo tradicional: se preserva el recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) para sostener el fondo fiduciario específico.
Asimismo, la ley prolonga la vigencia del esquema hasta el 31 de diciembre de 2031, blindando el auxilio tarifario para las zonas geográficas de temperaturas extremas consolidadas, mientras el resto del mapa provincial deberá readecuar sus consumos y tramitar la asistencia individual por vulnerabilidad socioeconómica.
