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Los grupos encabezados por Rowing y Roggio presentaron propuestas técnicas para operar la distribuidora de agua y cloacas bajo una concesión a 30 años. Caputo confirmó que el adjudicatario deberá invertir más de US$2.000 millones en un lustro.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el cronograma de privatizaciones habilitado bajo el régimen de la Ley Bases tras abrir formalmente los sobres con las propuestas técnicas de dos consorcios empresarios que compiten por la adquisición del paquete mayoritario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). De acuerdo con los registros de la plataforma Contrat.Ar, de las 17 corporaciones que habían manifestado interés preliminar, solo dos grupos formalizaron sus presentaciones: la alianza integrada por Rowing-Arcos-Transclor-PHX y el holding Roggio ROAS S.A.U., firmas que ahora serán auditadas por la comisión evaluadora para definir su precalificación técnica.
Una vez superada la revisión de los pliegos de antecedentes, los oferentes admitidos quedarán habilitados para la apertura de las propuestas económicas, instancia donde el Ejecutivo aspira a embolsar una suma cercana a los 500 millones de dólares por la cesión accionaria. El pliego licitatorio contempla una concesión operativa por un plazo de 30 años con prórroga facultativa de una década adicional, involucrando en esta primera fase el 51% del capital social en poder del Estado para garantizar la cobertura de agua corriente y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
A través de sus canales oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el avance administrativo y fijó las exigencias operativas mínimas para el futuro licenciatario privado: "El operador adjudicado estará obligado a cumplir con un estricto compromiso de inversión superior a los 2.000 millones de dólares en los primeros cinco años, orientado a expandir las redes y elevar los estándares de calidad del servicio". En una etapa subsiguiente, la estrategia oficial prevé colocar un 39% de las acciones remanentes en el mercado bursátil mediante una oferta pública inicial, reservando el 10% final para el Programa de Propiedad Participada de los trabajadores de la empresa.
